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La Política Online | 30/10/2016

Empresarios navales argentinos, organizados en la Federación de Empresas Navieras Argentinas, solicitó al ministerio de Trabajo la apertura del Procedimiento de Reestructuración Productiva, un mecanismo previsto por la legislación como instancia de negociación para las empresas en crisis o para las situaciones de conflicto laboral grave.

La Federación busca revertir el proceso de alteración equívoca de la matriz de costos de los últimos años, detener el desmantelamiento de la flota que integra la marina mercante nacional, y establecer mecanismos para mejorar la eficiencia y la competitividad de la flota nacional.

Los empresarios sostienen que la marina mercante argentina se encuentra sumida en una profunda crisis. Explican que el costo argentino se convirtió en una trampa certera para el desarrollo de la flota de bandera nacional: con una presión tributaria record, con dificultades en el acceso al financiamiento, una burocracia sistémica y un rígido sistema laboral, cuestiones que hacen inviable el futuro del sector.

Los estudios recientes establecen que la participación de la flota argentina en todos los tráficos tiende a ser marginal. En el tráfico fluvial de la Hidrovía Paraguay – Paraná la participación de la bandera argentina es muy baja.

El 90 % del total de la carga es transportada por banderas extranjeras en la Hidrovía que constituye la columna vertebral de la región. Sólo algunos de esos buques de bandera argentina están dedicados al tráfico internacional. Incluso el cabotaje nacional está viendo reducida su actividad porque no puede competir con otro tipo de transportes y porque, por vía de excepciones, se permite operar aunque sea en forma transitoria a buques y artefactos navales extranjeros en desmedro de las empresas armadoras argentinas.

En este marco, FENA solicitó al Ministerio de Trabajo la apertura del Procedimiento de Reestructuración Productiva, contemplado en los artículos 95 y 97 de la Ley Nacional de Empleo, la 24.013, para empresas o sectores productivos afectados por reducciones significativas del empleo.

Es un procedimiento que se tramita ante la cartera laboral, con la participación del sector empresario y sindical, y tiene como fines primordiales negociar medidas preventivas del desempleo en el sector, así como analizar las consecuencias de la reestructuración productiva en las condiciones de trabajo y de empleo.

“De concretarse un marco adecuado para el sector, en consonancia con el mercado regional y global, en el primer año podrían ingresar al pabellón nacional alrededor de 50 buques, y otros 150 los cuatro años subsiguientes, con su correlato directo en el empleo, en aproximadamente 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos”, aseguró el Presidente de FENA, Claudio López.